PENAL JUVENIL

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PENAL JUVENIL EN CABA.-

. De acuerdo con los principios que marca la Convención de los Derechos del Niño, los menores de entre 16 y 18 años deben tener un tratamiento especial cuando se encuentren en conflicto con la ley penal. Si bien a nivel local aún es materia pendiente la constitución de una justicia penal juvenil en un fuero especializado, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con una iniciativa, en sintonía con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial porteño, para dotar a dos juzgados de la responsabilidad de impartir justicia en esta materia. Desde el 1° de octubre, los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la jueza Carla Cavaliere, y N° 11, bajo la titularidad del juez Marcelo Bartumeu Romero, ejercen “competencia en materia penal juvenil”, mediante la creación de dos secretarías especiales abocadas a la materia.

En relación a la temática que nos convoca, la Ley Nº 114 enumera las garantías procesales (Artículo 11) para los niños, niñas y adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley. A su vez, en octubre de 2007 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el “Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” bajo el número de Ley N° 2451, que reglamenta el procedimiento a seguir ante la comisión o presunta comisión de hechos caratulados como delitos por parte de adolescentes entre 16 y 18 años de edad. Lo que ha logrado una adecuación del proceso penal juvenil a las reglas y directrices antes enumeradas, lo mismo que en relación a la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, el Régimen Procesal establece que los jóvenes imputados en una causa penal pueden ser sometidos a un proceso oral y que no tienen que esperar hasta los 18 años para cumplir la pena, en caso de ser condenados. A su vez, contempla la posibilidad de aplicar vías alternativas de resolución de los conflictos, como la mediación y la remisión para evitar llegar a juicio, lo que implica una concepción diferente de la aplicación de justicia.

 En otro orden, en su Artículo 28 señala que la privación de libertad solo puede cumplirse en establecimientos especialmente destinados a esos efectos. Al tiempo de referirse a la prisión preventiva, en su Artículo 50 se establece como medida excepcional, sin que pueda exceder el período de sesenta días corridos. Por último, el Artículo 85 establece que la Dirección de los Centros de detención estará a cargo de personal especializado y capacitado y en ningún caso podrán estar a cargo de personal policial, penitenciario o de fuerzas de seguridad. El derecho internacional de los derechos de los niños está caracterizado por un omnicomprensivo corpus normativo que reúne todos aquellos derechos y todas aquellas garantías sustantivas y formales que deben gozar los niños frente a la fuerza coactiva del Estado. Este posicionamiento en la normativa local no deja espacio a especulación sobre la operatividad de esos cuerpos legales, cuyo objeto radica en la implementación de un sentido unívoco en la aplicación de un sistema cuya idea básica radica en la protección integral del joven y el interés superior de este. Asimismo, es el Estado quien debe garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales, a través de una prestación positiva hacia la infancia. Actualmente, la transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad se está desarrollando de manera progresiva, sumando así nuevas competencias penales mediante sucesivos convenios, lo que provoca un retraso en la aplicación del sistema. Los manifiestos de la Ley N° 2451 implican además, la adecuación a los estándares internacionales en materia de legislación de infancia, para ello el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires consideró de vital importancia la puesta en marcha de los Juzgados Especializados en materia Penal Juvenil, a fin de adecuar la prestación de justicia a las obligaciones asumidas internacionalmente por nuestro país, por ello a través de la Res. Presidencial 1379/2012, se crea la Unidad de Implementación de la Justicia Penal Juvenil, a fin de proyectar, implementar y llevar adelante políticas tendientes al diseño, desarrollo e implementación de la Justicia Penal Juvenil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a través de la Resolución CM 109/2013 se invitó a los Magistrados a cargo  de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 13 a manifestar su voluntad de participar del proceso de integración del tribunal especializado en materia Penal Juvenil,   a manifestar su voluntad de participar del proceso de integración del tribunal especializado en materia Penal Juvenil, .-

¿QUÉ ES LA JUSTICIA RESTAURATIVA? Howard Zehr, autor de El Pequeño Libro de la Justicia restaurativa, realiza una definición bastante aceptada de la justicia restaurativa, como un proceso a través del cual las partes o personas que se han visto involucradas y/o que poseen un interés en un delito en particular, resuelven de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. Sin embargo, debe resaltarse que la justicia restaurativa no es solamente una teoría o “una filosofía acerca de cómo enfocar la propia justicia y el derecho penal”, tal como se concluyera en el Primer Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal celebrado en España en el año 2010, sino que también se ha ido convirtiendo en un movimiento social internacional de reforma a la justicia penal, que a diferencia de la justicia penal convencional de carácter retributiva –que plantea que el delito es una lesión de una norma jurídica y donde la víctima principal es el Estado– propone que el delito es fundamentalmente un daño en contra de una persona concreta y de las relaciones interpersonales, y que la víctima juega un papel fundamental y puede beneficiarse a través de una restitución o reparación a cargo del responsable o autor del delito, llamado generalmente “ofensor” por la justicia restaurativa, a fin de evitar estigmatizar a la persona que ha cometido un delito.

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS Las prácticas restaurativas tienen como eje principal la reparación del daño, individual y social, y de las relaciones interpersonales generadas por el conflicto (en su caso por el delito). Con la colaboración de facilitadores, estas prácticas permiten crear genuinos espacios de implicación en el conflicto, reparación y de asunción de responsabilidades. En ocasiones, participan de estos encuentros miembros de la comunidad que resultan relevantes para la resolución del conflicto y entonces, la comunidad aparece aquí como una facilitadora directa y no solo como un mero actor representado de manera abstracta por el Estado, lo cual favorece de este modo la construcción de un mayor sentido de comunidad, en una sociedad cada día más desconectada.

Las prácticas restaurativas son también un vehículo para construir capital social y alcanzar disciplina social a través del aprendizaje y la toma de decisiones participativas, entre otros mecanismos, mediante la instrumentación de conferencias familiares y comunitarias, paneles de impacto, audiencias de conciliación y mediación, o círculos de sentencia. En el trabajo con menores de edad, las intervenciones deben focalizarse en sus particulares necesidades emocionales y educativas, en tanto personas en proceso de desarrollo, especialmente vulnerables, y conjugando el carácter restaurativo de la intervención en orden a la resolución del conflicto con su carácter restitutivo de derechos, respecto de aquellos derechos de las niñas, niños y/o adolescentes, que en el caso concreto, se consideren vulnerados. ¿PARA QUÉ? Sus objetivos principales son: • Contribuir a la paz social mediante la baja del alto grado de conflictividad social que alcanza a las niñas, niños y adolescentes; • Favorecer en los jóvenes el desarrollo de habilidades sociales para la resolución pacífica de los conflictos; • Fomentar el desarrollo integral y la inclusión social, integrando para lograr este objetivo a las redes gubernamentales y no gubernamentales locales, como así a toda la comunidad. CONSIDERACIÓN FINAL La implementación de las prácticas restaurativas no se limita a la intervención dentro de un contexto judicial, o en el marco de un proceso penal juvenil, sino que también pueden desarrollarse en ámbitos extrajudiciales tales como la familia, la escuela y la comunidad en general. Los medios de comunicación, dada su innegable y creciente influencia en el proceso de transmisión de valores y de socialización de niñas, niños y adolescentes, están llamados a participar en la transmisión de este modelo de intervención altamente preventivo, e idéntica misión le corresponde a los centros de formación profesional, incorporando en la currícula la enseñanza y las herramientas necesarias para implementar estas prácticas restaurativas.

Esta Justicia especializada debe contar con recursos institucionales que permitan una mirada multidisciplinaria para abordar al sujeto en su contexto social. Los equipos conformados por profesionales de distintas disciplinas deberán ser estrictamente respetuosos de los derechos del joven, debiendopara delitos graves y siempre por el menor tiempo posible. Otras de las características distintivas frente al proceso penal de adultos son nuevas formas de resolución de conflictos que no siguen los lineamientos tradicionales en materia penal. Este tipo de práctica se conoce como Justicia Restaurativa o Reparadora. Se basa en la idea de resolución de conflictos sociales y no en el concepto tradicional de delito. Asigna un rol más activo a la víctima y le da al ofensor la posibilidad de reflexionar acerca de sus acciones y la toma de conciencia de las consecuencias de sus actos. La aplicación de estas prácticas tiene una incidencia positiva, que se refleja en los bajos índices de reiterancia por lo tanto resulta preventiva.

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA Por Analía Findeisz* La Justicia Juvenil Restaurativa es una forma de entender y tratar los conflictos, la violencia y los delitos que involucran a adolescentes. Este enfoque promueve la participación activa de todos los involucrados en el conflicto, procurando la reparación emocional, material y/o simbólica del daño como así, el restablecimiento de las relaciones humanas y sociales afectadas. De esta manera, la Justicia Juvenil Restaurativa promueve la responsabilidad de los adolescentes en conflicto con la ley, haciendo que estos dimensionen el daño ocasionado por su comportamiento, realicen de manera voluntaria acciones de reparación a la víctima y a la comunidad, siguiendo un programa que le restituya sus derechos y le ayude a retomar el control de la propia vida. Por otro lado, también contempla las diversas necesidades de la víctima como apoyo y soporte emocional, orientación y atención especializada, participación en los procesos restaurativos, así como su reintegración en la comunidad. Finalmente, fomenta la participación de la comunidad en los procesos con el fin de fortalecer el restablecimiento de las relaciones afectadas por el conflicto. El enfoque restaurativo se puede aplicar en todas las etapas del proceso judicial a través de la remisión, mediación y otros procesos restaurativos. En líneas generales y a diferencia de la justicia retributiva, en la cual la vulneración a la ley y el castigo consecuente constituyen el eje central, la justicia restaurativa se centra en las consecuencias que el delito ha supuesto para una persona en concreto y la necesidad de repararlo. Busca que el ofensor se haga responsable de las consecuencias de su acto, procurando que haya una reconciliación basada en la restitución del daño y * Coordinadora del CAORAC (Centro de Articulación, Orientación y Resolución Alternativa de Conflictos). 27 28 colección institucional el perdón; y busca también que se restituya el vínculo social, procurando la reintegración del infractor en la comunidad, fortaleciendo así el sentimiento de seguridad quebrantado. Algunos efectos positivos de la JR1 son: la reducción de la reincidencia; restitución al infractor y a la víctima; reparación del daño; empoderamiento a la comunidad en el control social. Los principios son la participación activa del ofensor, de la víctima y de la comunidad, la reparación material y simbólica del daño, la responsabilidad completa y directa del autor y la reconciliación con la víctima y la comunidad. La Justicia Restaurativa es altamente recomendada para abordar la situación de adolescentes en conflicto con la ley, porque para los adolescentes la ley puede resultar muy abstracta. Es más sencillo para un adolescente entender las consecuencias de su acto cuando puede apreciar la aflicción de la víctima, la reparación tiene efectos educativos y resocializadores. La reparación puede ayudar al adolescente a comprender las consecuencias de su acto, pero también le da la oportunidad de reivindicarse y de restituirse él mismo como persona. De igual modo trabajar sobre la base de la responsabilidad del adolescente es clave para su educación como ciudadano, por cuanto se le considera sujeto de derechos, capaz de responder por sus actos. En el Departamento Judicial La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina se realiza desde el año 2011 un Programa Restaurativo, nombrado Centro de Articulación y Orientación en Resolución de Conflictos (CAORAC). El proyecto de creación del CAORAC nace entre 2008 y 2010, durante los primeros años de implementación de la nueva ley en materia de Responsabilidad Penal Juvenil. Durante esos años maduró la idea, coincidiendo todos los efectores del sistema, en que los jóvenes pese al nuevo paradigma de intervención no lograban internalizar el proceso penal, por lo que no dimensionaban el daño causado ni tenían posibilidad de asumir una actitud responsable, dándose con frecuencia la reiterancia. La víctima por su lado, en general, permanecía ajena al proceso penal, sin llegar a conocer cómo funcionaba el mismo y qué nuevas respuestas 1. Justicia Restaurativa. justicia penal juvenil especializada 29 podía ofrecerle, alimentando esto la fantasía de que con los delitos protagonizados por jóvenes nada ocurría. Este panorama no era ajeno a los miembros del ámbito de las Fiscalías de Responsabilidad Penal Juvenil, así como de la Defensoría del Joven, quienes propician la creación de este Centro en el Espacio de Articulación Intersectorial realizado en la Municipalidad de La Matanza, entre los diversos sectores provinciales, municipales y de la sociedad civil abocados a la resolución de situaciones de vulneración de derechos, que se lleva a cabo en el marco del Artículo 15 del Decreto reglamentario 300 de la Ley N° 13298. Estos actores del sistema adhirieron al proyecto. A este impulso se sumó el marco normativo internacional existente ya conocido por todos –Directriz N° 57 de las Directrices de Riad; la Regla 5° de Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), la Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 40 numeral 1°, 3° inciso b) y 4°, y en el ámbito de nuestra legislación el Artículo 86 inciso 1 del C. P. P. de la Pcia. de Bs. As., Ley N° 14442 del Ministerio Público y Artículos 33 y 40 de la Ley N° 13634 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El proyecto fue distinguido con el Premio Provincial para la Mejora del Servicio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires “Premio Compromiso 2011” de la Procuración General de la Provincia. Entre el año 2010 y fines de 2013 fue implementado el Centro de Articulación y Orientación en Resolución Alternativa de Conflictos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza bajo la órbita de la Fiscalía General de dicho Departamento Judicial y con estrecho seguimiento por parte de la Oficina Central de Mediación de la Procuración General Provincial, y durante este período se revisaron y optimizaron estas prácticas restaurativas. Siendo que la mediación penal juvenil que se viene desarrollando en el CAORAC se inscribe en el marco de un programa de Justicia Restaurativa, es necesario destacar que el mismo se basa en la capacidad y voluntad que tienen las personas para resolver un conflicto. Tomando esta pieza fundamental, la importancia radica en el proceso en sí mismo más que en el acuerdo, respondiendo de esta manera a los principios de la Ley N° 13634 que crea el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, siendo estos la reinserción social y una finalidad eminentemente educativa. 30 colección institucional El CAORAC toma estos ejes rectores favoreciendo la participación de la comunidad y promoviendo la paz social. A partir de la intervención del CAORAC se pretende evitar la re victimización de quienes hayan sufrido un daño y a su vez que se busca ubicar la responsabilidad de los ofensores, de esta manera el proceso recoge soluciones consensuales y responsabilizantes. La remisión del caso la realiza el órgano judicial interviniente y el procedimiento puede iniciarse por requerimiento de cualquiera de las partes involucradas. La posibilidad de remisión se puede dar en cualquier etapa del proceso. En cualquier momento se puede permitir llegar a una solución reparatoria, restaurativa y conciliadora. Todas las situaciones en principio son susceptibles a la intervención del CAORAC. Consideramos que un programa de Justicia Restaurativa es una herramienta viable para todos los delitos cometidos por adolescentes y, en este sentido, adscribimos a la idea de que existen “casos no mediables” y no “delitos no mediables”. El CAORAC trabaja con jóvenes punibles –16 y 17 años–, teniendo en cuenta que no solo la edad y el monto de la pena son elementos a considerar para el trabajo; la naturaleza del hecho, las relaciones vinculares de él o los jóvenes y las personas afectadas también constituyen componentes para analizar la admisión del caso a tratar. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la vincularidad, dado que las relaciones interpersonales de los adolescentes aportarán a su identidad. El tipo de vínculo que desarrolle con su familia, amigos, compañeros de escuela, favorecerá o no su inserción en la comunidad. El joven recorre un camino de reflexión y autoconocimiento hacia la comprensión de la magnitud del daño causado y de su responsabilidad en el hecho ocurrido, pudiendo ponerse en lugar del otro, así como querer y poder reparar. Se trabaja articuladamente con otros organismos para reorientar o fortalecer su proyecto de vida. (Ctro. de Referencia, Servicio Local, Programas como Propiciar o Envión y otros.) En todo momento, estará presente la evaluación sobre si procede o no la instancia para la conflictiva puntual que se abordará, para ello el Centro se vale de la información que aporte el expediente judicial, así como de los informes practicados por los profesionales del Cuerpo Técnico Auxiliar y del Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos que acompañan este proceso y fundamentalmente de la información conseguida en las entrevistas privadas con cada una de las partes. Los jóvenes siempre se encuentran acompañados por un adulto responsable, quien a su vez se compromete a acompañarlo durante todo el proceso y en el cumplimiento del compromiso que se logre. Luego de las primeras entrevistas e inmediatamente si no es en ese preciso momento revisamos la posibilidad de articular con otro organismo. Por ejemplo, ante una víctima extremadamente sensibilizada por la experiencia vivida o emocionalmente desestabilizada, se articula y se diseñan estrategias de intervención con el Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos. La víctima tiene una participación activa en el proceso restaurativo que permite reposicionarse frente al hecho vivido. Su participación, como la del resto de los actores, es voluntaria y ofrece la posibilidad de ser parte activa en la solución de la disputa. Desde el inicio de su intervención se le hará conocer la voluntad reparadora del joven y el aval de los adultos que lo acompañan. Considerando en este proceso el daño sufrido, las particularidades de la víctima, su historia de vida y su relación con el ofensor. Teniendo siempre en cuenta su derecho a ser resarcida en el tiempo más breve posible. En resumen, la Justicia Juvenil Restaurativa es una forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y de los jóvenes infractores a la ley penal.

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