MEDIACION PENAL

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MEDIACIÓN PENAL .-.-

La mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos se ha practicado desde antiguo, aun para los casos penales, en las comunidades rabínicas.

 El acuerdo ante el mediador implicaba para las partes asumir un gran compromiso desde el punto de vista religioso y social.-

También desde sus inicios, las poblaciones indígenas y las comunidades orientales y africanas practicaron la mediación para solucionar sus problemas sociales.-

En el derecho continental que heredamos, la guerra cedió su camino a un tercero imparcial a fin de poder resolver los conflictos de un modo más pacífico, pero paradójicamente se fueron dejando también de lado otros métodos antiguos efectivos de reconciliación para dirimir contiendas, como la negociación, otorgando protagonismo exclusivo a los métodos adversariales de solución, en especial, al proceso judicial.-. Sin embargo, y ante la crisis del sistema jurisdiccional, la búsqueda de la paz a través de los viejos métodos volvió a plantearse en la agenda de la humanidad.

Debe imaginarse que la solución a un problema de tal envergadura no puede confiarse en su totalidad a los modelos alternativos, que son sólo una herramienta, entre otras, para lograr alcanzar la paz y la justicia. Esta limitación es advertida desde las legislaturas, en donde suelen delinearse los marcos de acción de los distintos institutos jurídicos para evitar entorpecer el campo de otros o desviar sus propios objetivos.

Señalaremos  los límites impuestos por la ley para mediar en los casos penales, refiriéndonos especialmente a los delitos que a criterio del legislador pueden ser sometidos a este sistema de solución de controversias.

El análisis puede resultar especialmente útil en nuestro país, toda vez que -según se verá- todavía no se ha regulado el instituto a nivel nacional. Será posible extraer así valiosas conclusiones para una futura legislación en Argentina.-Varios países del mundo la admiten y brindan una regulación formal para llevarla a cabo. Algunos, como Bélgica y Estados Unidos, no realizan ningún tipo de distinción entre los delitos mediables; en tanto otros (Alemania) la reducen al campo de los ilícitos de escasa entidad social o “de bagatela” Asimismo, en ciertos Estados se ha limitado su aplicación al fuero de menores.-

En América Latina pueden citarse a Costa Rica, Bolivia, Brasil, Perú, Guatemala, El Salvador y Nicaragua entre los países que han desarrollado, con distintos matices, programas de conciliación penal.-

Hemos optado por estudiar aquí estas legislaciones latinoamericanas. Nos detendremos para ello -atento a la extensión del presente trabajo- sólo en los primeros cuatro países citados. Interesa especialmente el análisis de los sistemas existentes en Latinoamérica toda vez que, como en el nuestro, los programas de mediación se han instaurado dentro del marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El estudio de la Convención es -a nuestro entender- el punto de partida para comenzar a delinear nuestro tema de investigación, toda vez que la existencia de un sistema jurídico internacional superior obliga a preguntarnos sobre la viabilidad de todos los institutos nacionales y los límites que deben imponerse desde las legislaturas estaduales  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, junto con la Comisión y la Corte constituyen un completo sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas que viven en los países que han adherido a su régimen. Sus normas rigen con carácter imperativo en varios de los Estados Parte. Asimismo, las recomendaciones de la Comisión, las opiniones consultivas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana son fuente de argumentación autoritativa en reiterados fallos internos.-         

Los convencionales se ocuparon especialmente de las PARTES  del proceso penal. Así, introdujeron en su articulado cada uno de los derechos y garantías que corresponden al IMPUTADO por su condición humana, a fin de proteger su dignidad y su carácter de persona durante el transcurso del procedimiento judicial -arts. 7 a 10-. Los derechos allí consagrados coinciden en general con los regulados en las Constituciones Nacionales. –

También la Convención ampara a la VICTIMA  del delito. En rigor de verdad, no se refiere especialmente a ella sino a toda persona que haya sufrido una violación de sus derechos humanos. De todos modos, por supuesto, aquella categoría queda incluida en la referencia general. Consagra a su favor el derecho a una tutela judicial efectiva en el marco de los ordenamientos jurídicos internos (art. 25), como así también, a la restauración inmediata del derecho lesionado y a la reparación o justa indemnización (art. 63) en el plano internacional.-  

La Convención no se refiere especialmente a la Mediación. Tampoco la Corte Interamericana se ha expedido sobre ella. –La interpretación de algunos de sus fallos puede a veces generar la idea de que no es posible mediar en materia de delitos, pues en reiteradas ocasiones se ha referido al indelegable papel del Estado como titular de la vindicta pública. También ha reconocido el derecho de los damnificados de delitos a una seria investigación sobre los hechos acaecidos y a la sanción de los culpables.- Sin embargo, la Comisión ha reparado en la importancia de la víctima reconociendo su papel de querellante dando impulso al proceso, aun cuando el Ministerio Público Fiscal desista de la acción; además -como ya se advirtió- la misma Convención otorga especialmente a los damnificados importantes derechos. – 

Este fortalecimiento de la figura de la víctima en las normas internacionales y la preocupación que la Comisión y la Corte Interamericana han demostrado siempre por ella permiten pensar inicialmente que, ante la innegable realidad de los archivos judiciales y en la medida que se les otorgue verdadera información y participación, la mediación no es incompatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues, entre sus objetivos se encuentra la plena satisfacción de los perjudicados por delitos. –

Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración el tema que nos ocupa, hemos de advertir que la Corte ha reconocido que existen supuestos en los que la investigación penal no puede ser dejada de lado por una norma particular o legal de derecho interno. –

Así, en el caso “Bueno Alves” del mes de mayo de 2007, la Corte aseveró:  

En definitiva, el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole.- Como ya ha señalado este Tribunal, en caso de vulneración grave a derechos fundamentales la necesidad imperiosa de prevenir la repetición de tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfagan las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido. La obligación de investigar constituye un medio para alcanzar esos fines, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional del Estado.- 

En este caso el Tribunal se refería especialmente al delito de torturas y otros “tratos crueles, inhumanos o degradantes. –

Es aceptable realizar entonces una analogía con otros delitos y concluir que todas aquellas conductas intencionales que producen un gran sufrimiento físico y/o psicológico en la víctima, aunque no constituyan delitos de lesa humanidad deben ser excluidas del campo de la mediación. -Corresponde para estos casos la investigación y castigo a los culpables.Pueden incluirse aquí todos los actos que atentan contra la vida de las víctimas (homicidios, abortos, suicidios, robos calificados por el resultado muerte, entre otros). También los que afectan gravemente la integridad física o psicológica (lesiones graves o gravísimas, abusos sexuales, robos con armas, secuestros extorsivos, etc.).    

La Corte Interamericana también se ha referido especialmente a los niños, afirmando que su condición requiere de una especial protección por parte del Estado, los que “tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” para asegurar el respeto de sus derechos.-.

Este llamado de atención de la Corte hacia los Estados cuando se encuentran involucrados niños como víctimas de delitos, nos permite aconsejar que no debe haber mediación cuando los perjudicados en el ilícito son menores de edad. – 

Por último, no debe dejar de resaltarse el continuo repudio de la Corte Interamericana ante los actos que atentan contra el orden institucional y el sistema democrático, que deben quedar por supuesto excluidos de los métodos alternativos.-.

Por otra parte, además de su naturaleza violenta y destructiva, se trata de delitos que no están dirigidos hacia una persona determinada, sino que afectan al Estado y con él a todos los habitantes que lo conforman. Por ello, estos ilícitos junto con todos aquellos que lesionen intereses públicos (seguridad, orden público, salud pública, delitos federales, etc.) no deben encuadrarse dentro del marco de la mediación.-.

Hemos visto hasta aquí entonces que el SISTEMA INTERAMERICANO  impone un primer “bloque” de límites a la mediación: 1) Graves violaciones a los derechos humanos, 2) Niños víctimas de delitos y 3) Atentados contra el sistema democrático de gobierno.-( Por Luciana B.Diaz Bancalari )

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