Leyes locales de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus leyes de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, las provincias de Neuquén (Ley 2302), Río Negro (Ley 4109), Chubut (Ley 4347). Misiones (Ley 3280), San Juan (Ley 7338) y Buenos Aires (Ley 13.298) entienden por NIÑO Y ADOLESCENTE  a toda persona menor de dieciocho años de edad.-En el ámbito civil se ha abierto una discusión al existir una categoría intermedia entre niños y mayores de edad, ensayándose dos posturas antagónicas. Hay quienes pregonan que a la luz de la normativa internacional el artículo 126 del Código Civil  sería inconstitucional, en el entendimiento que la incapacidad, como categoría jurídica, debe ser interpretadarestrictivamente y que el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño  permite alcanzar antes la mayoría de edad, pero nunca después.-Otros opinan que el Código Civil establece un régimen de capacidad y representación para las personas menores de edad que no fue modificado por ley 26.061.-Frente a estas 2 posiciones se ha desarrollado una tesis intermedia o armonizadora basándose en que no hay una derogación automática de la mayoría de edad, y por el principio de “Pro homine” es dable extender la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 a las situaciones que comprometan a las personas entre los 18 a los 21 años, extender la condición de niño hasta los veintiún años, camino que parecería ser el elegido por varias leyes provinciales sobre la niñez.- La Ley 26.061, establece Principios, Derechos y Garantías, y un Sistema de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.- Ahora bien, dicho cuerpo normativo si bien dirigido a «niñas, niños y adolescentes», no determina expresamente un límite de edad para su aplicación, pero de su contexto se advierte su particular enfoque a los niños, los que se entienden comprendidos entre 0 a 18 años, tal como lo define la Convención sobre los Derechos del Niño, a menos que la legislación interna del Estado parte reconozca la mayoría de edad con anterioridad (art.1º).-. No obstante, “la reglamentación de la citada ley prevé que se deberá contemplar la «continuidad del acceso a las políticas y los programas vigentes de quienes se encuentren en la franja etárea de 18 a 20 años inclusive, a efectos de garantizar una adecuada transición del régimen establecido por ley 10.903 al actual sistema sancionado (cfme.: art.2º, párrafo 2º del decreto 415/2006).-“ Por ello, “la particular atención de aquellos menores comprendidos entre 0 a 18 años a través de la ratificación por Argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño y la adecuación en el orden interno a través de su incorporación al texto constitucional y de la sanción de la ley 26.061, no significa que aquellos menores comprendidos entre 18 a 20 años deban quedar excluidos de la protección legal necesaria, máxime que como lo adelantamos nuestro derecho interno los considera aún como menores de edad (art.126 del Código Civil), y sujetos a diferentes normas que hacen a su capacidad jurídica .-En el contexto antes mencionado cobra relevancia el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, en tanto dispone la obligación del Estado de «legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad». Además, la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas mediante los tratados internacionales de derechos humanos a los que ha adherido lo alcanza como ente complejo, es decir, en cuanto legislador, en cuanto administrador y en cuanto juez. El Estado legislador debe dictar las normas necesarias para cumplir los tratados -sobre todo cuando en éstos hay normas programáticas que obligan a su desarrollo mediante ley interna-, debe omitir dictar leyes opuestas y debe reformar o sustituir o derogar las que sean incompatibles. Como juez, el Estado debe aplicar los tratados, descartar las normas internas incompatibles o contrarias, suplir los vacíos normativos internos remitiendo al Derecho Internacional y garantizar el debido proceso. Finalmente, en cuanto administrador, la obligación del Estado se explaya a toda la esfera de funciones y actividades que no encuadran en la legislativa ni en la judicial .-Así pues, la franja etaria de jóvenes de 18 a 20 años inclusive, gozan de una protección especial por ser menores de edad. Además también son merecedores de protección por ser integrantes de una familia con amparo constitucional (art. 14 bis de la Carta Magna Nacional), y, por su propia individualidad como personas humanas dignas de alcanzar su pleno desarrollo y maduración psicofísica y moral, (arts. 2°, 7°, 8°, 25 y concordantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5°, ap. 1°, 17 inc. 1 y 24 del Pacto de San José de Costa Rica ; art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

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