LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR,SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.-

LEY 26.485 .-El pasado 14 de abril fue publicada en el Boletín Oficial la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, N° 26.485.-.

La ley está estructurada en cuatro títulos. El primero de ellos contiene las disposiciones generales, que incluyen los objetivos de la ley, los derechos protegidos y las definiciones de violencia. El segundo título delinea las políticas públicas en la materia. El tercero, destinado a las normas de procedimientos, comprende dos capítulos: el primero contiene las garantías mínimas procedimentales, que son de aplicación en todo el territorio del país, y el segundo regula el procedimiento que es de aplicación en el ámbito de la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires, o federal.- Por último, el título cuarto contiene las disposiciones finales.

Sin dudas, un aporte significativo de la ley lo constituye el tratamiento específico de la violencia contra las mujeres. Esta especificidad permite visualizar quiénes son las víctimas mayoritarias de determinadas manifestaciones de violencia y el trasfondo de género del problema. Es decir, pone en evidencia que el factor de riesgo para sufrir determinados tipos de violencia es el solo hecho de ser mujer.

Hasta entonces, el tratamiento que el ordenamiento jurídico proporcionaba a estos casos negaba el impacto diferencial que tiene la violencia en varones y mujeres, y brindaba un trato homogéneo a todas las víctimas. Este posicionamiento lo hacía incapaz de atender debidamente a las particularidades de cada situación y de atacar las causas que propician o permiten estas prácticas de violencia.En términos simbólicos y políticos, la contribución de la nueva normativa es sustancial. El hecho de contar con una ley que expresamente se propone prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, modifica los paradigmas que imperaban en el ordenamiento jurídico en la materia y da visibilidad a un problema que el Estado hasta ahora mantenía oculto.-

El tratamiento específico de la violencia de género también venía impuesto por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), incorporada a nuestro ordenamiento normativo en 1996 por Ley N° 24.632, y parece seguir la tendencia marcada por el sistema internacional de protección de derechos humanos que, ante la ineficacia general de los mecanismos generales de protección de derechos humanos para garantizar el derecho de las mujeres a no ser discriminadas y a una vida libre de violencia, optó por depararles un trato explícito. En función de estos instrumentos específicos, los Estados deben tomar medidas tendientes a combatir la aceptación y naturalización cultural de la violencia de género, así como la dependencia económica y la falta de poder político, social y cultural que hace a las mujeres vulnerables a este tipo de violencia.-

En lo que sigue, se presenta una breve aproximación a los contenidos de la nueva ley. La idea no es realizar un análisis profundo sobre la legislación, sino tan solo señalar sus características principales, con especial énfasis en los aspectos más sobresalientes, y también en los más problemáticos que presenta.

Alcances :

Con excepción de las normas procedimentales (Título III, Capítulo II), la ley es de aplicación en todo el territorio de la Nación y de orden público. Hasta ahora, el tratamiento de la violencia contra las mujeres era abordado de manera aislada por cada jurisdicción y no existía un marco nacional que intentara encuadrar las acciones y políticas de forma articulada y consistente en todo el país y sostenida en el tiempo. Si se toma en cuenta la raíz sociocultural que avala o facilita la violencia de género, políticas de este alcance son necesarias para atacar el problema de fondo.  

Reconocimiento de derechos :

En su artículo 3, la ley expresa que se propone garantizar una amplia gama de derechos. Entre ellos, menciona los derechos a una vida libre de violencia y discriminación; a la salud; a la educación; a la seguridad personal; a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; a la dignidad; a la libertad reproductiva; a la intimidad, libertad de creencias y de pensamiento; a la igualdad de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; a recibir medidas de protección; a acceder gratuitamente a la justicia; a no ser revictimizadas.

Aunque en la mayoría de los casos no se consagran nuevos derechos, esta disposición tiene la particularidad de servir a identificar y visibilizar el amplio impacto de la violencia en una multiplicidad de aspectos de la vida de las mujeres, que exceden el derecho a la salud e integridad. – 

Definición, tipo y modalidades de violencia :

La ley define la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.-

Como se advierte, se optó por una comprensión amplia, que coloca el eje en la víctima de la violencia más que en el autor o responsable: para la ley, la violencia se configura en función de la afectación de ciertos derechos de las víctimas. La definición, entonces, comprende la violencia: a) directa o indirecta; b) que ocurra en el ámbito público o privado; c) perpetrada por particulares, o por el Estado o sus agentes.

El reconocimiento de la violencia de género supone la relación desigual de poder entre varones y mujeres, resultado de una construcción sociocultural. Por tanto, que se haya incluido entre los presupuestos que la violencia se encuentre “basada en una relación desigual de poder”, no debe comprenderse como la necesidad de demostrar esa posición subordinada en cada caso particular. Por el contrario, esta estructuración social subordinada de los géneros permite que situaciones de violencia de género se configuren aún cuando existan otras variables que complejicen más las relaciones: por ejemplo, ante situaciones de acoso sexual por parte de un compañero de trabajo. –

Más interesante es la definición de violencia indirecta que contiene la ley, que se configura con toda acción, omisión o práctica que ponga a la mujer en lugar de desventaja con respecto al varón.- Esto es, se identifican hechos y prácticas discriminatorias como violentas. Esta conceptualización puede ser de gran utilidad para superar algunas deficiencias en las definiciones de algunos tipos y modalidades de violencia que contiene la ley en los artículos siguientes.

La ley prevé expresamente diversos tipos de violencia, manteniendo en términos generales conceptos amplios e incluyentes. Los tipos contemplados son la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica.

En la definición de algunos de estos tipos de violencia, los aportes de la ley son más significativos que en otros. Así, merece destacarse la definición de violencia simbólica y el reconocimiento de que el mantenimiento de patrones estereotipados que naturalicen la subordinación de las mujeres es una manifestación de violencia. También, para la definición de la violencia psicológica se optó por la inclusión de un concepto general, acompañado por la mención de situaciones específicas que se incluyeron expresamente.- De esta forma, se previene que situaciones típicas de maltrato psicológico o emocional sean descartadas en la valoración de magistrados y otros operadores jurídicos. En tanto, en lo que hace a la violencia sexual no parece haberse avanzado mucho más con relación a la situación anterior. Por ejemplo, se incluye el acoso, pero sin especificar en qué ámbitos pueden producirse: en el caso de acoso sexual, no se aclara qué tipo de comportamientos lo configurarían (una corriente más restrictiva exige la petición de favores sexuales a cambio de beneficios o de no ser perjudicada, otra más comprensiva reconoce el acoso por creación de ambiente hostil), si es requisito una relación de jerarquía (qué sucede ante hechos de acoso sexual por parte de pares, o de inferiores, por ejemplo, alumnos hacia docentes, o subordinados ante superiores jerárquicos), entre otros aspectos. En el caso de la violencia económica y patrimonial, la enunciación que se hace de las formas a través de las cuales puede configurarse, debe entenderse como meramente ejemplificativa y no taxativa. Un típico caso de violencia económica contra las mujeres en el ámbito de las relaciones interpersonales, es la que ejercen las ex parejas al no cumplir con su deber de alimentos hacia los hijos comunes.- Estas situaciones colocan a las mujeres en una situación de gran vulnerabilidad, ya que deben asumir solas el cuidado y crianza de sus hijos, y la satisfacción de las necesidades materiales para asegurarles una vida digna. –

En cuanto a las modalidades de la violencia, la ley prevé la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, y mediática contra las mujeres. –

El término violencia “doméstica” no es el más adecuado, ya que hace referencia al ámbito en el que suceden los hechos, razón por la cual se prefiere la fórmula “violencia en el ámbito de las relaciones familiares e interpersonales”, por poner el acento en los vínculos más que en el espacio físico. No obstante, a pesar de elegir una terminología ya superada, la ley aclara que es indiferente el ámbito en que sucedan los hechos violentos. Además, mantiene un criterio amplio en la concepción de grupo familiar, y aclara expresamente que alcanza a relaciones concluidas y que es indiferente la existencia o no de convivencia.

Merece destacarse la inclusión de la violencia mediática contra las mujeres “que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas”. Este tipo de prácticas, que colaboran a perpetuar la relación desigual de poder entre mujeres y varones y coadyuvan a la reproducción de la violencia de género, no eran suficientemente visualizadas ni atendidas debidamente por el Estado hasta la sanción de esta ley. –

En el caso de la conceptualización de la violencia laboral, la ley incluyó las situaciones más evidentes de trato violento y discriminatorio, como remuneración desigual por igual tarea o función, o impedir a las mujeres el acceso, contratación, ascenso o estabilidad en el empleo exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Sin embargo, se dejaron fuera situaciones más extendidas y sofisticadas de violencia laboral, que afectan el acceso, ascenso o permanencia de las mujeres al empleo mediante mecanismos discriminatorios más solapados, o que deparan salarios inferiores por tareas que, aunque no sean las mismas, son de igual valor. Como se señaló anteriormente, la definición general contenida en el artículo 4 es más útil para enfrentar este tipo de situaciones.

Por su parte, un aspecto cuestionable de la definición de violencia institucional es que la consagra como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a políticas públicas o ejerzan sus derechos. La necesidad de demostrar la intención puede coartar las posibilidades de avances de denuncias de este tipo y, además, contradice el artículo 4, segundo párrafo de la misma ley, y el artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que hace referencia a una finalidad o un resultado discriminatorio. Algunas situaciones típicas de violencia institucional contra las mujeres, como los obstáculos para el acceso a la práctica del aborto no punible, o el maltrato que muchas veces reciben las víctimas de violencia sexual durante la investigación penal, pueden recibir mejor protección invocando la definición general de violencia de género contemplada en el artículo 4. –

En cuanto a la definición de violencia contra la libertad reproductiva, sólo incluye el derecho de las mujeres a decidir el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. -Aunque se puede entender que está implícitamente comprendido el derecho a no tener hijos, hubiera sido deseable la disposición expresa en tal sentido, como forma de rebatir la imposición social de reproducción generalizada sobre las mujeres. En lo que hace a la violencia obstétrica, no se advierte ningún aporte en lo que se refiere a configuración o mecanismo de reacción, con relación a lo establecido en la Ley 25.929, de parto humanizado. – 

Políticas públicas :

Otro importante acierto de la nueva ley es el establecimiento de políticas públicas encaminadas a revertir la situación de discriminación y subordinación de las mujeres. A tales fines, fija ciertos principios rectores a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en los ámbitos nacional y provincial, que deben orientar todas sus actuaciones, y determina luego los lineamientos básicos que deben seguir los distintos Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo nacional, en articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil. En particular, determina cuáles son las acciones prioritarias que cada Ministerio de la Nación, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Medios de Comunicación debe promover en su área. Entre otros deberes, fija las siguientes pautas:

Ministerio de Desarrollo Social: priorizar la inclusión de las mujeres en los planes y programas de promoción social y de asistencia; firmar convenios con entidades bancarias para facilitar créditos a víctimas; promover la inserción laboral de las mujeres.

Ministerio de Educación: articular la inclusión de contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género; incluir la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias; promover la revisión y actualización de libros y materiales didácticos para eliminar estereotipos de género y criterios discriminatorios; promover la inclusión en los planes de formación docente de la detección precoz de la violencia contra las mujeres.

Ministerio de Salud: incluir la problemática en los programas de salud integral; diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres; asegurar asistencia especializada a los hijos testigos de violencia.

Ministerio de Justicia: Secretaría de Justicia: poner en marcha y fortalecer centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito; firmar convenios con distintos actores para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita; fomentar investigaciones en la materia; garantizar el acceso a los servicios a mujeres privadas de libertad. Secretaría de Seguridad: elaborar protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad; sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad.

Ministerio de Trabajo: desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de oportunidades y trato; promover la prevención del acoso sexual; promover la formación e inclusión laboral de las mujeres víctimas de violencia. –

Ministerio de Defensa: impulsar la erradicación de patrones discriminatorios contra las mujeres en las fuerzas armadas para el ingreso, promoción y permanencia; incluir en los programas de formación contenidos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género.

Secretaría de Medios: impulsar la difusión de mensajes y campañas de sensibilización y concientización sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; alentar la eliminación del sexismo en la información; promover como tema de responsabilidad social empresaria la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

En la ley también se compromete el Estado nacional a promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las víctimas, debiendo garantizar campañas de educación y capacitación a la comunidad, unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención, grupos de ayuda mutua, asistencia y patrocinio jurídico gratuito, programas de asistencia económica para las víctimas, centros de día y albergues para mujeres, programas de reeducación para hombres violentos, entre otros.

Tanto estos servicios de asistencia, como las acciones a cargo de los distintos Ministerios, son vitales para brindar una respuesta adecuada a las víctimas de violencia de género. Es que el mejor procedimiento judicial será insuficiente si no va acompañado de políticas públicas que satisfagan otras necesidades, como el acceso a un empleo, a servicios de cuidado de niños pequeños, a una vivienda, servicios ante urgencias, entre tantos otros, que brinden una opción real de escape a las mujeres que padecen situaciones de violencia en sus relaciones personales. –

El organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para hacer efectiva la ley es el Consejo Nacional de la Mujer. Aunque por su función es el órgano al que naturalmente le corresponde cumplir con dicho rol, se avizoran dificultades en su tarea, por la diferencia jerárquica respecto a los Ministerios a quienes deber coordinar.

Una cuestión pendiente, y vital para el aseguramiento de los derechos protegidos, es si se destinarán los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la ley. – 


 

 

 

 

 

 

 

 

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