LEY 26.579 ALIMENTOS

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Como es público y notorio por ley n° 26.579, sancionada el 02-12-09; promulgada el 21-12-09 y publicada en el B.O. el 22-12-09, razón por la cual al no tener fecha determinada, su vigencia rigió desde el 31-12-09 inclusive, se dispuso la reducción de la mayoría de edad de 21 años a la de contar con 18 años cumplidos.-En tan breve lapso se han producido variantes en la interpretación judicial como doctrinaria con criterios disímiles en la aplicación de normas procesales para la legitimación de los menores que arribaron a la mayoría de edad por imposición de la reforma al Código Civil para intervenir en juicios por alimentos en trámite según sea el estado de la causa.-Se ha dispuesto la modificación de los arts. 126; 127; 128 del Código Civil en cuanto a que las personas son menores hasta que cumplan 18 años, encuadrando como menores impúberes a los que no hubiesen cumplido 14 años y adultos los que fuesen desde esta edad hasta los 18 años cumplidos y dejan de ser incapaces los menores por mayoría de edad el día que cumplieren los 18 años.-Como ya expresara, la reducción de la mayoría de edad, no implica cercenar el derecho alimentario, manteniéndolo hasta la edad de 21 años, siguiendo el proyecto de ley presentado por el Senador Rubén Giustiniani.-Se ha mantenido el “regalo” de Vélez Sarsfield de alcanzar la mayoría de edad desde las cero hora del día del cumpleaños modificando lo dispuesto en el art. 24 del C.C. en cuanto a que el día se cuenta a partir de las 24 hs, reiterando que no obstante su obviedad, la mayoría de edad que se alcanza a los 18 años tiene su correlato con lo dispuesto en la Convención sobre los derechos del niño al considerarlo como tal a todo ser humano menor de esa edad. –Sostuve que a partir de su vigencia, se generarán diversas facetas en el nivel familiar en relación a los conflictos y judiciales en cuanto, tanto a los que están en trámite, como los que puedan suscitarse a partir del 31-12-09. , situación que se confirmó con distintos artículos y posturas de los doctrinarios y magistrados con criterios disímiles  que se vieron coronadas a la fecha en una impecable mesa redonda celebrada el 10-06-10 en la Facultad de Derecho de la U.B.A. en la que los integrantes brindamos escuetamente las posturas según un cuestionario que fue respondido por los panelistas a saber:I.- Su visión sobre el derecho alimentario actual del hijo mayor;II.- Su visión sobre el derecho del progenitor deudor;III.- Su visión de la participación en el proceso del hijo mayor;IV.- Su visión sobre la intervención del ex representante legal del hijo;V.- Su visión sobre los problemas que suscita la reforma en los procesos en trámite.El acto se enriqueció con las respuestas brindadas por los panelistas a las preguntas que formularon los asistentes, muchos de ellos profesores; docentes; jueces; defensores públicos de menores y funcionarios.-Los Defensores de Menores, representantes promiscuos de quienes fueran incapaces por ser menores, cesan en su participación y legitimación en concordancia con lo dispuesto en el art. 128 del Código Civil y lo normado en el art. 59 del Código Civil que se mantiene intangible.-Por ende el aspecto más importante del punto de vista procesal es el relativo a la legitimación de quien fuera menor con el C.C. hasta el 30-12-09 y es mayor a partir del 31-12-09.-Sostuve y reitero, que como parte integrante de la legitimación procesal debemos tener en cuenta los presupuestos y los principios procesales en su aplicación como recaudos imprescindibles para que pueda constituirse un proceso válido con partes que se encuentre habilitadas sin escollos para ser parte actora o demandada.-Al entrar en vigencia la reforma, nos encontramos con juicios en trámite referido a los conflictos familiares por ej: reclamando alimentos con variantes como: a) provisorios; b) fijados y consentidos; d) acordados y homologados; e) sujetos a recurso, etc.-Respecto a la legitimación para el reclamo de los montos atrasados conforme supra, el padre o madre reclamante en representación mantiene el derecho a la percepción de lo adeudado según la interpretación judicial acorde a ese respecto.-Respecto a los sujetos para el reclamo a partir de alcanzar el niño la mayoría de edad a los 18 años, cesa automáticamente la legitimación del progenitor reclamante por el otrora niño, permitiendo ante su cese ipso jure en el juicio de que se trate, de la continuidad por la parte actora en relación a otro hijo si el arribado a la mayoría de edad no es el único.-

Entre las variantes, están:a) La presentación del hijo ya mayor en el mismo expediente continuando el reclamo hasta los 21 años;b) La presentación del obligado requiriendo el cese por falta de legitimación de la parte reclamante:c) La presentación de un acuerdo entre el hijo y el progenitor que regule sus alimentos hasta los 21 años con firmas de letrados solicitando la homologación judicial;d) Reclamo vía Mediación previa obligatoria del hijo al padre o la madre o a ambos según el supuesto de que se trate;e) etc.-En relación al ap. a) que antecede según sea el reclamo formulado por el o la progenitora. En efecto, si reclama alimentos para si y para sus hijos, el hijo que desee continuar en el mismo proceso debería ser patrocinado por un letrado diferente al que está actuando atento a la eventual posibilidad de tener conflictos de intereses respecto a la remuneración correspondiente por la actuación anterior.-Lo que es importante a mi juicio destacar que no por arribar a la mayoría de edad habilita a presentar un acuerdo entre el hijo mayor con el progenitor demandado con el patrocinio del mismo letrado de éste, atento a que debemos tener en cuenta que hasta su cumpleaños nº 18 eran partes contrarias al ser representado el menor por su madre o padre y se torna imprescindible la actuación de otro letrado, pues de lo contrario quien así no lo hiciere estaría cometiendo delito de prevaricato sancionado por el Código Penal. –Cuando la familia convive, es importante el diálogo frecuente sobre lo atinente a los hijos, control y ayuda en sus tareas –cuando las actividades laborales de los padres lo permitan-, concurrencia a reuniones escolares, información recíproca de novedades y sobre lo que cada uno da y recibe en la comunicación con los menores a fin de coordinar el discurso para mantener una cierta coherencia.- También tener en consideración según las edades de los chicos su crecimiento físico, emocional, intelectual, social y moral y el acompañamiento del impacto producido, ante la separación que produjo la crisis matrimonial. -No debe por ello ser una obsesión de los padres que pueda sofocar la evolución de los menores y volcarse en un cuidado desmedido a diferencia de lo que realizaban mientras el grupo familiar vivía en común, ya que en muchos casos esa desmesura oculta la culpabilidad de los progenitores que no se han ocupado antes de sus hijos. –Cuando el grupo familiar no convive, al no haber una imposición legal en materia de tenencia-patria potestad, la cuestión está librada, pues, a la apreciación judicial que por imperativo de máxima jerarquía constitucional debe estar orientada a privilegiar el interés del niño por sobre cualquier otra consideración (art. 3º de la Convención sobre Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). -En relación a los alimentos atrasados pendientes de percepción cuando el hijo menor alcanza la mayoría de edad, se considera que la cuota alimentaria tiende a solventar necesidades impostergables y en consecuencia cabe presumir -salvo prueba en contrario, que cuando el obligado no cumple con esa prestación, los gastos que éste deben cubrir son afrontados por la madre del alimentado que convive con ella, que es lo que ocurre en la casi totalidad de los casos.-En esa interpretación se deduce, que el haber alcanzado la mayoría de edad no lo convierte en acreedor de las cuotas, manteniéndose dicha acreencia en cabeza de quien hasta esa fecha lo representara.-Por ello se le reconoce legitimación a la madre (o padre) quien revista el carácter de actor en por su/s hijo/s menores para reclamar alimentos atrasados. -Asimismo se ha considerado rechazar la acción del menor arribado a su mayoría de edad para continuar sus estudios universitarios no obstante haber cesado por ley y edad la obligación impuesta por la patria potestad, ante el incumplimiento de su carga procesal de demostrar que se encuentran emplazado en las condiciones que establece la ley para acceder a ellos, ya que no se trata de la continuación de la anterior obligación derivada de la minoridad, sino de obtener una prestación que está normativamente prevista para un supuesto distinto que puede encuadrarse en las disposiciones previstas en el art. 370 del Código Civil. .-Por supuesto que al referirme a carga procesal coherentemente con la carga de la prueba, deben acreditarse inicio de estudios, participación y mantenimiento de su condición de estudiante y no circunscribirse a una promesa o voluntad de comenzarlos sin acreditar la insuficiente de recursos para hacer frente a los gastos que reclama el emprendimiento.-En lo que se refiere a procesos en trámite iniciados por los padres en representación de los hijos menores al alcanzar éstos la mayoría de edad durante la substanciación del proceso, al cesar la legitimación procesal de los padres, se debería requerir la voluntad expresa del ahora mayor, su eventual ratificación, desistimiento, acuerdo, etc… para lo cual bastaría con su comparecencia y expresión en un acta ante el/la juez/a.-Se está dando una situación similar a la impuesta por la ley 25.473 primera de Mediación Previa obligatoria que al reformar el CPCCN omitió entró en vigencia el 23 de abril de 1996 y al no decir nada respecto a las modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por imperio de lo dispuesto en el art. 2° del Cód. Civil éstas últimas fueron obligatorias a partir del 5 de noviembre de 1995.-El espíritu fue concretar en todos los procesos la celebración de una audiencia para invitar a una conciliación o en su defecto declarar la cuestión como de puro derecho o recibir la causa a prueba fijando las que fueren admisibles.-Lamentablemente olvidaron los legisladores fijar el plazo de ofrecimiento de pruebas en el proceso ordinario. Nos referimos oportunamente al respecto.-Por ello en la actualidad ante la casuística los magistrados aplican sus interpretaciones que hasta aunar criterios son diferentes.-Por ello no comparto que se cite al otrora menor ya mayor, por arribar a los 18 años a tomar intervención en el expediente asistido de letrado ordenando la notificación por cédula que será dirigida al domicilio real en el que convive con su progenitor/a reclamante anterior en su representación y que puede o no tener conocimiento de esa comunicación atento a que al notificador le bastará con que le informen que el requerido allí vive.-En la mesa redonda hemos coincidido en que toda primera citación sea según lo disponga el magistrado interviniente para manifestar su continuará o nó con el proceso; sea bajo apercibimientos que unos imponen de rebeldía; otros de tenerlo por desistido del proceso; etc. sea dirigida y materializada en forma personal.-No existe norma que habilite a generar apercibimiento alguno para el caso en que el ya mayor no comparezca ni formule su decisión, razón por la cual, como expresara supra, los jueces suplen a su criterio la necesidad de continuar o concluir el proceso respecto de ese menor que llega a la mayoría de edad.-No es objetivo del presente plantear más opiniones sobre la procedencia de los apercibimientos y sus implicancias, sí, del tema íntimamente ligado con la eliminación de obstáculos para evitar desigualdades entre las partes y evitar tener un proceso abierto in eternun.- Reitero que, partiendo de la base que la representación de los progenitores de sus hijos menores surge del C.C. y que no se trata de aplicar las reglas del mandato sino del cese del ejercicio de la patria potestad por llegar a la mayoría de edad del representado  no es aplicable una disposición procesal por vía analógica de una norma que se refiere a las reglas del mandato y los menores no tenían capacidad para otorgarlo.-Ante el cese ipso jure de la legitimación del progenitor que actuaba por el menor reclamando alimentos para éste y el consiguiente cese de la representación promiscua del Defensor Público, al que arriba a la mayoría de edad se la han atribuido todas las obligaciones y responsabilidades que tenían los que arribaban a la edad de 21 años antes de la reforma, y sólo le brindaron el derecho a percibir alimentos hasta esa edad. En el resto, son personas físicas responsables.-Como tales, están facultados a manifestar su voluntad de continuar en el proceso para lo cual por razones de economía procesal se lo debe citar en la forma propuesta supra.- Considero que la protección que el Estado brindaba al menor hasta su arribo a la mayoría de edad a través del Defensor Público (art. 59 del C.C.), torna ineludible hacer cesar la aludida protección por vía de los magistrados que hasta una determinada fecha aplicaban para ese ser humano la Convención Internacional de los Derechos del Niño y al cumplir 18 años debe ser considerado un par de los padres.-Y como tal, recordemos que dentro de sus derechos está el de pedir alimentos a sus progenitores y en algunos casos podrían estar en colisión con la parte actora en el juicio en que es citado, porque estaban reclamando alimentos por el, para lo cual habrá de realizar sus requerimientos en la Capital Federal mediante la aplicación de la mediación previa obligatoria y posterior demanda si no obtiene acuerdo homologable.- Si decidiese arribar a un acuerdo voluntario con el que fuera progenitor demandado, ni siquiera debe dar cuenta de montos y pagos y si además de ello pretendiese formular reclamo a quien lo representaba por alimentos presentes y futuros se vería imposibilitado, ante la imposición de ser co-actor y además reclamante contra su “co equiper” lo que sería por demás confuso y contradictorio y generaría situaciones procesales con idénticos calificativos.- Hasta que manifieste su voluntad de continuar en el proceso no es parte y con el cese ipso jure de la legitimación de su progenitor dejó de serlo en ese proceso, por supuesto que sin perder sus derechos que el C.C. le ampara.-Si la citación llevase el apercibimiento de rebeldía, sobre el que me expedí opinando en sentido contrario,reitero que sería inaplicable atento a que dependería del pedido del progenitor demandado, lo que lejos estaría de darse, porque tendría un contrario sin activar el proceso -en caso que haya sido único hijo menor que arribe a la mayoría de edad en autos- e impediría el acuse y decreto de la caducidad de la instancia, en su caso, en los términos de los arts. 310 y siguientes del CPCCN, salvo que sea de oficio.-  Por ello, entiendo que no se ha trasladado la protección del Estado a los menores, cuando estos arriban a la mayoría de edad y no debería estar a cargo de los jueces asumir tal protección con apercibimientos que pudieren afectar derechos de las partes y eventualmente la conclusión del juicio por caducidad de instancia, entre otros.- Eduardo Sirkin-Articulo publicado  con el titulo de:”Se traslada la protección al menor arribado a la mayoría de edad en los juicios de alimentos en trámite ante el cese de las legitimaciones?.-

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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