JURISPRUDENCIA MEDIACION PENAL

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MEDIACION PENAL. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 204 INC. 2º DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. Instituto que altera o modifica el régimen de la acción penal, siendo ésta una «cuestión de fondo» (y no de forma) que sólo compete al Congreso de la Nación. Art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Necesaria reforma al Código Penal para la incorporación de la mediación al sistema penal

«Incidente de nulidad en autos `GONZÁLEZ, Pedro s/infr. art. 183 -Daños -CP´» – CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – 29/05/2009

«Es evidente que el art. 204 CPPCABA importa una limitación al principio contenido en la ley de fondo, que obliga a perseguir todos los hechos delictuales que ingresan al sistema de justicia, salvo en los casos previstos por la propia ley de fondo, por lo que no puede soslayarse el análisis acerca de la competencia de la Legislatura local en torno a una materia legislada por el Congreso Nacional. En otras palabras, el estudio acerca de la constitucionalidad de dicha norma a la luz del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.»
«Se encuentra presente aquí la discusión doctrinaria relativa a la naturaleza penal o procesal de las normas que regulan la acción y que se hallan incorporadas en el Código Penal, como también la zona de penumbra en la que se insertan estas disposiciones en atención a la imposibilidad de efectuar una delimitación tajante entre ambas categorías. Sin embargo, como se verá, dicha presencia es solo aparente, pues la solución podría no variar aún cuando se comparta la posición mencionada en último término.»
«Es preciso destacar que la mayor parte de la doctrina asigna a dichas normas naturaleza penal. (…) Fierro entiende que la acción pertenece al derecho material, pues a él le toca determinar su contenido, especies, titularidad, nacimiento, condiciones de fondo para su ejercicio y extinción, pues de lo contrario no tendría similares consecuencias la comisión de un hecho delictivo en una provincia que en otra, toda vez que sería posible que en alguna de ellas se exigieran determinadas condiciones para el ejercicio de la acción que no fueran requeridas en la provincia vecina o que la acción se extinguiera de diferentes formas a lo largo y a lo ancho del país (Baigún – Zaffaroni, Código Penal y normas complementaria, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, t 2B, Bs. As.,2007, p. 370).»
«Sin embargo, desde otro ángulo, no puede perderse de vista que la teoría de la acción es un eje central en el derecho procesal, lo que ha motivado que, o bien se le otorgue un carácter mixto, o bien se afirme que el Congreso de la Nación está habilitado para legislar en materia procesal en determinados supuestos.»
«El inciso 12 del art. 75 de la Constitución reformada en 1994, mantuvo la facultad del Congreso de la Nación de dictar los códigos de fondo, debiendo interpretarse en el sentido que también pueden aprobar leyes que versen sobre materias reguladas por aquellos aunque no se integren a dichos cuerpos legales. Lo esencial entonces no es la forma con que se presenta la ley sino la materia que regula. A contrario sensu, las provincias no pueden dictar normas de derecho común ni de carácter federal y, siendo una de las contemplada en la norma la materia penal, deviene imposible que aquellas incorporen en sus leyes tales cuestiones de derecho común (Badeni, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, La Ley, Bs. As., p. 1104).».-
«Aún más, si se entendiera insuficiente el postulado del inciso 12 del artículo 75 para limitar la facultad de las provincias para introducir en sus códigos de forma, institutos que pueden modificar normas sustantivas, deviene del inciso 32 de ese mismo artículo de la Constitución Nacional la facultad del Congreso Nacional para establecer disposiciones procesales que garanticen por vía de los poderes implícitos la puesta en funcionamiento de todos los otros conferidos expresamente en los incisos anteriores; entre ellos, la unificación de la legislación común para una aplicación uniforme en todo el territorio del país.»
«Si el Poder Legislativo expresa la soberanía popular y la representación igualitaria de los Estados locales, no puede interpretarse como una lesión a las autonomías provinciales el establecimiento de reglas procesales para la aplicación igualitaria del derecho común (Gelli, ob. cit., página 534 y siguientes).-
«Ello es así porque, tal como afirma Hassemer, si el derecho penal material es aplicado en el proceso penal de forma desigual, entonces es de esperar que todo el sistema de derecho criminal sufra en su totalidad perjuicios (La persecución penal. Legalidad y oportunidad, Lecciones y ensayos, nº 50, 1988, Bs. As, Facultad de Derecho, 53566, p. 14).»
«El Código Penal regula lo concerniente a las condiciones de ejercicio de la acción penal y a sus causas de extinción, por ser el Congreso Nacional el órgano competente para establecer el régimen de la acción en lo que hace a las condiciones para su ejercicio y las causas de extinción. La introducción de criterios de oportunidad para limitar la persecución penal de algunos hechos punibles, por necesarios que ellos sean, para mayor eficiencia de la persecución penal o por razones de justicia intrínseca del caso, colisiona con definiciones previamente determinadas por la ley nacional, para cuya sanción resulta competente el Congreso de la Nación. En tal sentido afirma D´Albora que el principio general del art. 71 CP no puede resultar menoscabado por una ley procesal cuyo alcance, en principio, no excede el ámbito local para el cual fue dictada; hasta tanto el legislador no modifique, con extensión general abarcativa de todo el país, esa determinación -como lo ha hecho con la suspensión del juicio a prueba a través de la ley 24.316- se mantiene incólume (Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado, T I, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Bs. As., 2003. p. 28).»
«En base a tales lineamientos, fueron elaborados diversos proyectos de reforma del Código Penal, entre ellos el presentado por el Procurador General de la Nación (registrado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación bajo el nª 195-OV-02), que incorpora el principio de oportunidad a dicho cuerpo normativo, estableciendo las pautas y condiciones con las que los funcionarios deben aplicar tales criterios, con base en la igualdad ante la ley de todos los habitantes (Marchisio, Adrián, Principio de oportunidad, Ministerio Público y Política criminal, Ad hoc, Bs. As., p. 596 y ss).»
«Es que la acción penal es la más clara manifestación del poder de coerción del Estado que atañe a éste exclusivamente por derivar directamente de su soberanía, integrando estas facultades lo que se conoce como ius puniedi (derecho penal subjetivo).»
«En tal sentido, nuestro mas Alto Tribunal afirmó que el concepto de ley penal comprende no solo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva (CSJN «Guillermo Mirás S.A.C.I.F. c/ Aduana,», del 18/10/73).»
«Asimismo decidió que lo dispuesto por una norma procesal dictada para la ciudad de Buenos Aires no puede prevalecer frente a lo mandado en contrario por una ley nacional que regula sobre la materia del derecho de fondo, conforme lo prescrito por el art. 31 CN (CSJN «Calles, David C Villuendas, Anibal, T», del 17/9/57). Y que si bien las provincias pueden señalar las reglas de acuerdo a las cuales los procesos vinculados con los códigos fundamentales han de sustanciarse y terminarse, tal atribución no autoriza a destruir ni anular los preceptos de esas leyes fundamentales que al Congreso corresponde sancionar (CSJN «Miranda, Luis A. y otros, del 16/5/51).»»Nótese al respecto que el art. 204 inc. 2) CPPCABA, posee a su vez una dificultad adicional, cual es la de habilitar su aplicación a casos decididamente graves. Así, podría resultar procedente la mediación -por ejemplo-, cuando se impute el delito de robo con armas -si fuera competencia de esta ciudad-, pues tal como surge de su letra cuando señala los delitos en que no procede, ha sido legislado teniendo en cuenta la totalidad de las figuras contenidas en el Código Penal. Paradójicamente, en el resto del país se aplicaría la pena allí prevista -de cinco a quince años de prisión-, circunstancia que pone en evidencia la violación a la igualdad que debe existir en la aplicación de la ley penal. Lo propio cabe afirmar, a la luz de este último principio, respecto de los delitos en los que resulta competente esta ciudad.»
«Es por ello que el art. 204 inc. 2º CPPCABA, como señaláramos supra, supone la asunción de facultades legislativas exclusivas del Congreso Nacional, en tanto y en cuanto el art. 75 inc. 12 CN dispone que es atribución de aquél el dictado de los Códigos de fondo, en virtud del principio de unidad de legislación para todo el país, por lo que no puede la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires invadir ese ámbito en el ejercicio del propio en materia procesal. La introducción de la mediación al sistema penal requiere, pues, una necesaria reforma al Código Penal.»
«Queda claro que por las razones expresadas en el apartado 2 de la presente, debe declararse de oficio la inconstitucionalidad del art. 204, inc. 2) CPPCABA, cuya aplicación pretende la defensa.»

 

 

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