JURISPRUDENCIA : DISCAPACIDAD

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS. Menor discapacitado. Trastorno generalizado de desarrollo –Autismo–. Obra social. SOLICITUD DE COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DE ESCOLARIDAD COMÚN EN UNA INSTITUCIÓN PRIVADA. Aplicación de la Ley 24901. Sistema de prestaciones básicas y ampliación de las mismas. Integración social de las personas con discapacidad. Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Necesidad de asegurar la continuidad en la prestación recibida por el menor. MEDIDA CAUTELAR. Admisión parcial .-“Z. J. M. c/ OSDE s/ incidente de medida cautelar” – CNCIV Y COMFED – 14/10/2010 .-
“La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (v. arg. arts.11, 15, 23 y 33; esta Sala, causa 4864/08 del 5.03.2009, entre muchas otras). En ese contexto normativo, cabe concluir que la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora se encuentran acreditados en el caso, sin que resulte apropiado ni posible, en el estado liminar del juicio y en el ámbito cautelar en que se circunscribe el planteo, avanzar sobre la cuestión relativa a la existencia de oferta educativa pública de carácter gratuito y a la incidencia que proyectaría para la solución del caso la discontinuidad de la escolaridad del menor en la institución solicitada. Ello así, en virtud del certificado médico obrante, en cuanto señala que “…recomienda que concurra a jardín común por contar con experiencia en esta patología y gabinete psicopedagógico con grupos reducidos…”.
“…Tal como dispone el art. 12 de la ley 24.901, cuando una persona con discapacidad presente signos de evolución favorable, deberá orientarse a un servicio que contemple su superación.”
“Estas cuestiones –relativas a la existencia de escuelas en el ámbito público que cumplan con las necesidades que requiere el niño–, sólo podrán ser decididas en la sentencia definitiva y una vez que se analice la prueba rendida.”
“En esas condiciones, no se puede descartar que la discontinuidad de la escolaridad del menor en el jardín de infantes solicitado –al menos durante el presente año lectivo–, pudiera repercutir negativamente en su estado de salud o en su evolución adecuada en el proceso educativo (cfr. CFed. La Plata, Sala 3, doctr. de la causa “M.G.A.y otra en representación del M.B. c. OSECAC s. acción de amparo”, del 8.5.2000, ED. del 5.09.2000), lo cual basta por sí sólo para acreditar el peligro en la demora en obtener la cautela solicitada.”
“Forzoso es concluir en que resulta aconsejable no introducir cambios en la prestación de escolaridad aludida, al menos hasta que se decida la cuestión de fondo, máxime cuando aquélla ha tenido principio de ejecución; circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar la permanencia y continuidad de la prestación recibida por el discapacitado (Corte Suprema, Fallos: 327:5373). Ello, sumado a que todos los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios por el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación (art. 24, inc.1 de la Convención sobre los derechos del niño).”
“Esta solución es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende –que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema, Fallos: 302:1284)–, reconocido por los pactos internacionales (arts. 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849; art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art.12, inc. 2 ap.d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art.75, inc.22, de la Constitución Nacional).”
“El Alto Tribunal ha tenido oportunidad de señalar que los menores y los discapacitados, “a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos” CONF IN RE AUTOS » L.G.B. Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL» FECHA 15.06.2004

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