DISCRIMINACION MUJERES MARGINADAS.-PCIA BS.AS.

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Empezaré por contar que nuestra decisión de comenzar a litigar estratégicamente desde la Defensa Pública con una perspectiva de género, surgió en tiempos donde el discurso intolerante, mediático y colérico contra el delito abrumaba al espectador casi tanto como el conflicto campestre. Así, inmersos en una coyuntura desfavorable que habilitaba y habilita el crecimiento sostenido de las tasas de encarcelamiento, sólo como consecuencia del auge del discurso del populismo punitivo -aumento desproporcionado de la sensación de inseguridad sin correlato proporcional de crecimiento en la cantidad y la calidad violenta de los delitos cometidos- creímos necesario tratar de romper el filtro que bloquea el acceso a la interpretación de una situación especial, la de las mujeres detenidas, e intentar dar testimonio de una violenta y discriminatoria singularidad silenciada. -El campo de lucha elegido no podía ser otro que el de la construcción de casos judiciales que les otorgasen una visibilidad diferenciada, porque hoy, el número de mujeres detenidas por delitos menores crece en la Provincia de Buenos Aires a un ritmo más vertiginoso que la tasa de encarcelamiento de varones.-Sin embargo, los tipos delictivos por los cuales las mujeres pierden su libertad, claro que sin respetar su presunción de inocencia, no tienen que ver en general con la violencia de los hechos que cometen sino con el especial ejercicio discriminatorio al que judicialmente son sometidas. Vale aclarar, que los estudios feministas sobre las mujeres infractoras han aportado reflexiones sobre los procesos de aplicación diferenciada del derecho penal, demostrando entre otras cosas que agrega una nueva discriminación y que no existe relación fáctica que permita vincular el crecimiento de las tasas de encarcelamiento femenino con los procesos de liberación. En otras palabras, estos estudios indican que las mujeres sufren una marginación particular porque el sistema de justicia penal tiende a consolidar la estructura de género y a reproducir los elementos que provocan la discriminación sexual (Bodelón González, 2003:254) Así las cosas, el aumento de la población femenina bajo custodia en Argentina, como en tantos otros países del mundo, debe vincularse casi con exclusividad con el auge del discurso de la “guerra contra las drogas”

Datos estadísticos locales, regionales y mundiales indican que el notable crecimiento de las tasas de encarcelamiento femenino de los últimos años no es nada más ni nada menos que una consecuencia de lo que ha significado el uso de ese discurso, en el que las principales “targets o víctimas” de esas batallas sin cuartel han sido mujeres. No es novedoso afirmar que las mujeres como consecuencia de los procesos históricos de discriminación social ven reducidas sus oportunidades sociales, económicas y culturales. Este contexto se replica en el “negocio de las drogas” que se presenta como una salida laboral alternativa de subsistencia para muchas mujeres de clase popular, que por lo general además suelen ser el único sostén de su familia. En general acceden a los escalones más bajos del circuito de la comercialización y se dedican a un trabajo fácilmente criminalizable  (Bodelón González, ob cit).-Así, sufren una nueva discriminación porque desde el comienzo de su ingreso al “negocio de la droga”, ya que nunca ingresan para comenzar una ascendente “carrera” criminal, sino todo lo contrario, nunca llegan a ocupar eslabones importantes de la cadena de comercialización aunque tengan la suerte de no resultar criminalizadas. Por estos motivos, es posible decir que por cuestiones de género y de clase estas mujeres no son otra cosa que “delincuentes del montón” o si se quiere siguiendo la designación del sociólogo argentino Gabriel Kessler, amateurs (Kessler, 2005; Ruggiero & South, 1995: 129). Similar conclusión se extrae del Informe sobre Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay elaborado por el CEJIL en el año 2007 o de las estadísticas oficiales del Servicio Penitenciario Federal.-

Así las cosas, como las agencias represivas del Estado suelen ser más “eficientes” contra los más débiles y vulnerables, las víctimas de la “guerra contra las drogas” terminan siendo en su mayoría mujeres y mujeres pobres. De este modo, bajo un paraguas discursivo que se nutre de argumentos complejos – sensación de inseguridad, guerra contra el delito y las drogas- se determinan las acciones selectivas del sistema penal contra las mujeres en la aplicación de la ley de estupefacientes en territorio provincial. Estas acciones han permitido modificar en cantidad y calidad la población penitenciaria femenina de la Provincia de Buenos Aires. (Comité contra la Tortura, 2008/2009)

De todos modos, aunque la escasa información estadística oficial reconoce la situación: “…la mayoría de los distritos han verificado un importante aumento en la cantidad de personas del sexo femenino involucradas en los tipos relativos al comercio de estupefacientes situación que repercute en la cuantía de detenidos de este tipo de género por estas razones surge necesidad de prever mayores cupos en las unidades carcelarias…” el mismo informe sigue la lógica habitual de no discriminar por género la cantidad de personas detenidas y sólo se plantea la creación futura de mayores lugares de encarcelamiento para mujeres. (Memoria de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre Desfederalización en Materia de Estupefacientes 2007/2008). Sin embargo, consideramos oportuno señalar que hacia el futuro tales informes deberían contar con indicadores más precisos y detallados, no solamente que contemplen el género sino también la nacionalidad, la edad de la persona detenida, el tipo de procedimiento, la cantidad y el tipo de droga secuestrada, etc., porque todos estos datos serían de vital importancia para diagnosticar y planificar tanto en forma más adecuada como efectiva.

De todos modos, la advertencia que el mismo informe revela, en relación al crecimiento de mujeres encarceladas, impone la urgente incorporación del indicador. En esta situación tácticamente comprobada el componente de género debe ser incorporado con urgencia no sólo porque su ausencia en la visibilidad implica la convalidación implícita de la falsa idea de igualdad entre mujeres y hombres sino porque además permite comenzar a pensar políticas criminales diferenciadas. En otras palabras, esta omisión involuntaria implica esconder circunstancias particulares de las mujeres y el sostenimiento de determinadas discriminaciones que sufrirán ellas y sus hijos al recibir encarcelamiento. En primer lugar, porque las cárceles fueron pensadas y siguen siendo construidas con criterios androcéntricos. -En segundo lugar, porque mucho menos aún pensadas para alojar a mujeres madres con sus hijos. Finalmente, porque como ocurre en todo el mundo, no se puede pasar deliberadamente por alto que el crecimiento de la población carcelaria femenina vinculada con el narcotráfico tiene que ver tanto con que las mujeres se están dedicando al trabajo más fácilmente criminalizable como también con que son las menos apoyadas y asistidas jurídicamente por las organizaciones criminales (Bodelón, ob. cit.: 458) ”  .Escrito por Gabriel Ganòn) .-

 

 

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