CORRUPCION DE MENORES. Art. 125 del Código Penal. Validez constitucional. Principio de legalidad. DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE. Ausencia de violación. Complejidad del caso. Producción de numerosas medidas de prueba. Deducción de recursos, recusación y diversos planteos de nulidad por parte de la defensa. INTERVENCIONES TELEFONICAS. FUNDAMENTACION. VALIDEZ

“Rocca Clement, Marcelo y Ruso, Leonardo Damián s/ recurso de casación” – CNCP – 03/07/2009

“En cuanto a la invocada violación al derecho a obtener una resolución en tiempo razonable, no será un único y exclusivo parámetro el que habrá de regir el análisis de la cuestión; no lo será la sola consideración del tiempo transcurrido desde la supuesta comisión del delito, o desde el inicio de las actuaciones. Muy por el contrario, ese elemento de juicio deberá ser evaluado en conjunción con aquéllos otros que expliquen -si es que ello es posible- las razones de las demoras.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En esa labor, y en primer lugar, se debe prestar atención a la complejidad del caso, elemento que será relevante en tanto y en cuanto las dificultades probatorias o de otra índole que se presentan en un determinado supuesto, son generadores de demoras en la tramitación del proceso. Es decir, no basta la simple constatación que un determinado caso reviste una inusual complejidad, si no es precisamente por dicho factor que la resolución del caso se ha dilatado más de lo razonable.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Otros factores que pueden conducir a la consideración de un caso como complejo, se refieren al elevado número de partes que en él intervienen, a la necesidad de contar con opiniones de expertos en temas científicos cuando las pericias deben asentarse en complejas operaciones técnicas, a la cantidad de incidentes planteados por las partes y a la complejidad resultante del derecho aplicable al caso.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En segundo lugar, y en lo tocante a la conducta del procesado, es en principio necesario advertir que la articulación de defensas, excepciones, recursos y otros planteos procesales que pudiera hacer el acusado no es necesariamente un parámetro para concluir sin más que las demoras en la tramitación de un proceso se deben a su actividad. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable no debe ser interpretado como una negación a otros derechos y garantías igual o más importantes que también son resguardados por nuestra Constitución Nacional y por el ordenamiento internacional sobre derechos humanos, entre ellos el derecho de defensa en juicio y la garantía al debido proceso legal. Entonces, cuando los tratados internacionales de derechos humanos consagran el mencionado derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, da por sentado que ese juzgamiento -además- ha de ser respetuoso del derecho del imputado a ejercer plena y libremente su defensa.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Entonces, la ponderación de la incidencia de la actitud del procesado en cuanto a la violación del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, deberá siempre encontrarse presidida por la alta consideración que amerita también el derecho de defensa en juicio y la garantía al debido proceso legal, y de esta forma prescindirse de toda consideración negativa que pudiera pretenderse hacer de aquellos actos que sólo constituyen la materialización del citado derecho a la defensa en juicio.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“De adverso, deberá prestarse especial atención a aquellos planteos que a primera vista y con toda evidencia se presenten como manifiestamente inconducentes, improcedentes o carentes de apoyatura jurídica suficiente, y que en mérito de ello pueda sostenerse fundadamente que la intención al ser deducidos no era otra que la de oponer una resistencia ilegítima al avance del proceso. De la misma manera, encuadran dentro de la categoría de actos que obstarán a la consideración que se ha violado el derecho a un juicio rápido, aquellos planteos que sean reiteración de otros ya resueltos, los que pretendan o supongan el aplazamiento injustificado de audiencias o la no presentación del acusado cuando es requerido para la realización de actos en los que su presencia es ineludible.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Por otro lado, no alcanza la simple constatación -en los términos antes señalados- de que una causa reviste una inusual complejidad o que el acusado ha realizado evidentes articulaciones dilatorias, si ante esas circunstancias las autoridades a cargo de llevar adelante el proceso no han utilizado las herramientas legales correspondientes para procurar en la medida de lo posible superar esas alternativas. Tiene dicho al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “tal como ya se señaló en este mismo expediente (conf. Fallos: 324:4135, voto de los jueces Petracchi y Bossert), son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el deber de asegurar que el proceso se desarrolle normalmente, y sin dilaciones indebidas.” (conf E.224.XXXIX “Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por la defensa”, rta. 23/12/04).” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Entonces, la evaluación de cuál ha sido el proceder de los órganos encargados de hacer cumplir la ley debe ser realizada tanto en lo que hace a la diligencia con la que se llevó adelante las pesquisas, así como también la referente al empeño puesto en aras de remover los obstáculos no imputables al Estado que se fueran presentando.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En base a dichas consideraciones, habiendo realizado una compulsa de las presentes actuaciones, advertimos que existen razones suficientes para justificar el tiempo que irrogó la tramitación de la causa.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Es que advertimos, que el hecho a investigar en sus inicios aparecía de cierta complejidad. Repárese que las actuaciones comenzaron a raíz de una información recibida de Interpol de Madrid que daba cuenta de una posible red con contactos internacionales vinculadas a la pornografía infantil. Asimismo, no puede dejar de señalarse que a lo largo de todo el proceso se produjeron numerosas medidas de prueba, que dictado el primigenio procesamiento fue apelado y confirmado parcialmente, que también la defensa realizó diversos planteos de nulidad, recusó al magistrado instructor, dedujo recursos de apelación, de casación, e incluso queja por rechazo del recurso extraordinario, implicando todo ello una dilación razonable. Por último, evaluamos también a tal efecto que el imputado fue excarcelado durante el trámite de la causa. En consecuencia, entendemos que en el sub examine mediaron razones suficientes que justificaron la demora que registra su tramitación, por la cual consideramos que el agravio planteado debe ser rechazado.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En relación al planteo de inconstitucionalidad del artículo 125 del Código Penal, debemos señalar que el sentenciante ha dado acabada respuesta al planteo de la defensa, y consideramos que el recurrente no alcanza a demostrar de qué modo se han visto vulneradas las garantías constitucionales a que alude, ni el desacierto del a quo cuando concluye que “…..más allá de considerar al texto legal suficientemente comprensible para cualquier lego, en este caso concreto no se advierte afectación alguna al mandato de certeza del tipo penal”.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“No obstante, nos parece oportuno agregar lo sostenido por la doctora Angela Ester Ledesma -voto al que adherimos-, en la causa “Delsavio, Jorge Armando s/rec. de casación”, del 11/9/06. En tal oportunidad se señaló que “… el bien jurídico protegido por dicho precepto ‘es la intangibilidad o indemnidad sexual de los menores de dieciocho años de edad, quienes, precisamente en razón de su edad, no han alcanzado la plena madurez física, psíquica y sexual, motivo por el cual se los preserva de no ser sometidos a tratos sexuales anormales en sus modos, <>”.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Precisando algunas alocuciones utilizadas por la norma -en lo que aquí interesa- Arocena comenta que ‘Promueve la corrupción de la víctima quien engendra en ésta la idea de las prácticas corrompidas, la impulsa a otras que suponen un grado mayor de depravación o la incita a que no cumpla su propósito de abandonar el alcanzado.’; y que ‘El sujeto activo debe tener conciencia de que los actos que realiza tienden a promover la corrupción o a facilitarla y la voluntad de cometerlos.’.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En relación al principio de legalidad, cabe mencionar que “El particular debe saber de antemano qué es lo que se encuentra penalmente prohibido, de tal forma de encontrase en condiciones de dirigir su conducta conforme a ello…”. “Por cierto que la exigencia de precisión en la ley no debe ser exagerada; de otra forma , las leyes serían demasiado rígidas y casuísticas y no podrían adecuarse a la multiformidad de la vida, al cambio en las situaciones o a las particularidades del caso concreto.”.“Esto es lo que podría ocurrir si el legislador debiera siempre redactar cada tipo penal hasta sus últimos detalles…”. “Por consiguiente, el derecho penal no puede renunciar a utilizar conceptos generales que, desde un punto de vista formal, no pueden ser descriptos de forma tal que tengan validez general y, por ello, requieren una interpretación por parte de los jueces…”. “Por consiguiente, no existen objeciones en contra de la utilización de tales reglas o conceptos jurídicos cuando existe un fundamento confiable para la interpretación y aplicación de la norma con la ayuda de los métodos habituales de interpretación, especialmente con la consulta de las otras disposiciones de la misma ley y teniendo en cuenta el contexto normativo, o por medio de una jurisprudencia consolidada, de tal forma que el particular tenga la posibilidad de conocer el valor tutelado por la norma penal así también como la prohibición de determinadas formas de conducta y pueda prever la reacción estatal…” (Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana BverfGE 48, 489 (1978) comentado en “Casos de derecho penal comparado” de Edmundo S. Hendler y Hernán V. Gullco, pág. 9 y 10).” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En relación al planteo relativo a la ausencia de fundamentación de las órdenes de intervención telefónica, los motivos, razones o fundamentos exigidos a un decisorio como el que nos convoca podrán surgir a) del propio decisorio, si el magistrado desarrolla en el mismo decreto la argumentación sobre la cual reposa la medida; b) de otra pieza procesal a la cual el auto se remita en forma inequívoca, y de la cual surjan con claridad los fundamentos que lo avalan; y c) de las incontrovertibles constancias arrimadas al proceso con anterioridad al dictado del auto, siempre que de las mismas surja de forma indubitable la necesidad de proceder, o en otras palabras, que esta última sea una derivación lógica de lo actuado hasta el momento; una consecuencia categórica de probanzas colectadas con antelación, en lo que constituya un ejercicio racional y mesurado de poder que no afecte expresas disposiciones de rango constitucional que protegen el ámbito privado, que cuando se trata de la investigación de un ilícito penal están sujetas a ciertas limitaciones legales en función del interés común de un efectivo y oportuno servicio de justicia.” (Dr. Riggi, según su voto).-
“En consecuencia, cualquiera de las tres modalidades satisface el recaudo de motivar la decisión cuestionada, y ello así “…por cuanto exigir en todos los casos que el propio decreto explicite acabadamente sus fundamentos, deviene en un rigorismo formal excesivo, si las demás constancias hasta entonces arrimadas constituyen por sí solas razón suficiente del dictado de la medida (…) En rigor, el sentido de la fundamentación en los términos de la ley procesal tiene relación con la vigencia de los derechos constitucionales que hacen a la protección del domicilio y la privacidad frente a todo acto de arbitraria intromisión, de manera tal que en la oportunidad en que el tribunal de apelación deba ejercer su control, pueda tener a la vista las motivaciones de la excepcional medida, que por su particular naturaleza para el éxito de toda investigación criminal ni es notificada al afectado ni puede ser en sí misma motivo de apelación…” (in re “Urquía”, “Llanos”, “Villafañe” y “Anzo”).” (Dr. Riggi, según su voto).-
“Sentado ello, corresponde señalar que pese a las críticas que la esforzada defensa formula en su afán de descalificar las órdenes de intervención dispuestas por el señor Juez a cargo de la instrucción, de la compulsa de las actuaciones que las precedieron, se desprende que el magistrado contó con motivos suficientes para justificar el temperamento que estaba adoptando.” (Dr. Riggi, según su voto)
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