ALIMENTOS ~ ALIMENTOS EN FAVOR DE LOS HIJOS ~ CARGA DE LA PRUEBA ~ PRUEBA ~ REDUCCION DE LOS ALIMENTOS

Publicado en: LA LEY 02/06/2009, 02/06/2009, 71 – Resulta improcedente reducir la cuota alimentaria acordada a favor de los hijos menores del alimentante, si éste no ha logrado demostrar la relación de causalidad entre las deudas que lo aquejan y el ejercicio de su actividad profesional, máxime cuando, ante un pedido de disminución de cuota alimentaria, se exige un compromiso probatoria mayor que lo común. La congruencia consiste en la relación inmediata y necesaria que debe existir entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez y, se puede decir que un fallo es incongruente cuando se juzga más allá de lo pedido, fuera de lo pedido o por omitir resolver cuestiones planteadas (conf. Falcón, Enrique M. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Bs. As., 1983, T. II, pág. 142), supuestos éstos que no se verifican en autos, por lo que cabe desestimar lo pretendido por el recurrente.

III.- Sabido es que si la cuota alimentaria resulta de la convención de las partes, para su reducción es necesaria la prueba acabada y fehaciente de una sensible disminución de los ingresos del obligado en relación al tiempo de la convención anterior, o cuando hubiere tenido lugar una sustancial variación de las circunstancias existentes al momento en que la cuota fue establecida (conf. CNCiv., sala K., L:G., P. H.M.c/ L., G.P. s/ disminución de cuota alimentaria” del 31/8/07, íd., Sala B,” M. de A., M.N.” del 23/7/1981).

En el juicio de divorcio, las partes acordaron en el mes de mayo de 1992 que el Sr. J.A.V. abonaría a favor de sus tres hijos menores una cuota mensual de alimentos de $ 2.500, más la cuota de colegios, servicios de medicina prepaga y gastos extraordinarios, lo que fuera homologado en la sentencia dictada en dicho juicio con fecha 12 de noviembre de 1992 ( ver fs. 15/15 vta. del juicio de divorcio).Por la presente, el actor solicita la reducción de la cuota alimentaria invocando que su situación económica ha desmejorado desde la fecha de celebración del acuerdo referido. Manifiesta que al momento de fijarse la cuota alimentaria tenía una participación accionaria en una empresa exportadora integrando el directorio de la misma. Dice que la empresa dejó de operar en el rubro que lo hacía y que en la actualidad se desempeña como consultor “free lance” ascendiendo el promedio de sus ingresos a $ 900, a junio de 2001.-Al respecto, cabe destacar que el actor es asesor financiero (ver absolución de posiciones de fs. 72, respuesta a posición nro.9), que contaba con 47 años al momento de promover la demanda, que no ha demostrado imposibilidad para procurarse su subsistencia y, si bien es cierto que ha atravesado dificultades económicas según refieren los testigos (ver declaraciones de fs. 82/84) no puede soslayarse que ello no es excusa para eximirse de la prestación alimentaria. Más allá de su invocación de haber perdido su actividad laboral y de poseer deudas con el consorcio donde vive y con bancos, el progenitor debe hallar otro ingreso en sustitución del perdido para proveer a las necesidades de sus hijos (conf. Bossert, Gustavo, A, “Régimen jurídico de los alimentos”; Ed. Astrea, pág.227 y jurisprudencia allí citada).A mayor abundamiento, cabe señalar que desde el momento de la firma del acuerdo alimentario han transcurrido trece años, lo cual hace presumir que los hijos generan más gastos que antes. En esta inteligencia se ha dicho que a medida que crecen, aumentan las necesidades en materia de alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación, con el consiguiente incremento de los costos (conf. Bossert, Gustavo. A., obra citada, pág. 206).Tampoco demostró el actor la relación de causalidad entre el ejercicio de su actividad profesional y las deudas que tenía al momento de promover la demanda, máxime que se trata de una solicitud de disminución de cuota alimentaria, para lo cual se exige al alimentante un compromiso probatorio mayor que lo común, lo que no ha se ha cumplido en autos, por lo que debe mantenerse lo decidido por la juez de grado.IV.- Las costas se imponen al alimentante, atento la pacífica doctrina judicial que consagra la regla según la cual, en materia de alimentos, haciendo mérito de la naturaleza y fines del deber que se reclama, deben ser soportados por aquél (conf. CNCiv., Sala A, r.106.802 del 30/3/92; id., r.205.742 del 30/11/98).

 

Por tales consideraciones, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el pronunciamiento de fs. 354/356. Las costas de Alzada se imponen el actor que resulta vencido (art. 68, primer párrafo y art. 69 del Código Procesal). 2) Regístrese y notifíquese en su despacho a la Sra. Defensora de Menores de Cámara. Cumplido ello, devuélvase al Juzgado de origen, donde se practicarán las notificaciones pertinentes. — Silvia A. Díaz. — Oscar J. Ameal. — Lidia B. Hernández

La parte actora apeló la sentencia de grado que desestimó la demanda interpuesta por disminución de cuota alimentaria. La Cámara confirma la resolución impugnada TEXTO COMPLETO:

2ª Instancia.- Buenos Aires, marzo 18 de 2009.

Considerando: I.- Contra la sentencia de fs. 449/451 que desestimó la pretensión de la actora, se alza esta última quien a fs. 471 expresa agravios, los que son contestados a fs. 478/480 por la demandada.

II.- De la compulsa de estos autos, como de lo seguidos entre las mismas partes sobre denuncia por violencia familiar (exp n°16.483/01), que se tienen a la vista, surge que ambos progenitores son contestes en afirmar que en el marco de la cuota alimentaria acordada, el actor se comprometió a abonar a su contraria la suma de pesos seiscientos mensuales más el pago de la obra social (conf. fs. 8 y 110). Sin perjuicio de ello, de las posiciones absueltas por el alimentante se desprende que los niños se encuentran sin cobertura médica (conf. fs. 394/396, posición 18).

Asimismo, de la prueba producida en la causa se aprecia que los litigantes tienen en común dos hijos menores (conf. fotocopias certificadas de partidas de fs. 376 y 377 y fs. 14 de los autos agregados sobre régimen de visitas n° 100.644/05, que se tienen a la vista), que habitan un inmueble locado por su madre cuyo canon asciende a pesos trescientos ($ 300) mensuales (conf. fs. 338). Asisten a colegio público y a fin de satisfacer sus necesidades recreativas concurren al Club “Los Amigos de Villa Luro”, cuya cuota se acredita con el informe de fs. 305.

El alimentante posee una caja de ahorros en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., sin que se registren movimientos en ella al momento de ser emitido el informe glosado a fs. 175. Es titular de los bienes inmuebles que se detallan en el informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires a fs. 250/252.

Al absolver posiciones el actor (fs. 394/396), de profesión ingeniero químico, reconoció que se desempeña como trabajador autónomo en el área de aislaciones térmicas y que está tratando de conseguir empleo en la República Federativa de Brasil (conf. posiciones 1 y 5 y declaración testimonial agregada a fs. 371/372), que al momento de pactar la cuota pudo dar cumplimiento con lo acordado en forma normal (conf. posición 14). Manifiesta que su actual condición económica no le permite afrontar el pago de la obra social de los menores, ya que percibe mensualmente una suma que no superaría los mil quinientos pesos mensuales ($ 1.500) (conf. posiciones 19 y 20).

A su turno, la progenitora manifestó que recibe mensualmente la suma de trescientos ($ 300) en concepto de cuota alimentaria, la que le resulta insuficiente para cubrir los alimentos de sus hijos. Destaca que las necesidades de esparcimiento se encuentran satisfechas por ella misma, quien trabaja los fines de semana para estar al cuidado de sus hijos los restantes días (conf. fs. 368 posiciones 1° y 10 y testimonial de fs. 401/404).

III.- Se advierte que para demostrar el pretendido error de razonamiento que exhibe la sentencia y con ello, la existencia de agravio bastante a meritar por esta alzada, el apelante debió justificar, en el caso concreto en qué consistía la importante disminución de su capacidad patrimonial con la que hizo cuestión en el acto de postulación, puntualizando de modo particular las probanzas con las que entendía acreditada esa afirmación, en contra de la insuficiencia probatoria en la que concluye el fallo mediante el análisis expreso de los elementos arrimados.A su vez, debía tratarse, además, de una merma sustancial de ingresos que afectara en particular al alimentante, por lo que no vale argumentar en general con la situación por la que atraviesa desde la época en que se presentó la demanda de reducción, sino se demuestran las concretas circunstancias desfavorables que comportaron una apreciable reducción de los ingresos o de la actividad económica del obligado.

IV.- Es sabido que esta Sala utiliza desde antigua data la prueba indirecta o de presunciones cuando no es posible determinar los ingresos por medios directos (cf. r. 277746 del 27-11-81; r. 282.552 del 25-8-82; r. 396029 del 16-4-2004, r. 495938 del 18—12—07, etc.). Máxime, en los supuestos como el presente, en los que las dificultades reconocen su fuente en el ejercicio de una actividad liberal del obligado; circunstancia que -a su vez- impone a éste último el deber de colaboración, cuyo incumplimiento trae aparejada una presunción en su contra que autoriza a optar por el criterio más favorable al alimentado (conf. CNCiv. esta Sala, r. 96435 del 13-9-91; r. 99667 del 4-11-01, entre muchos otros ), y cabe exigir de aquél un mayor empeño en la búsqueda de mejores medios de subsistencia, dada su capacidad de trabajar (cf. CNCiv., sala K, r. 101798 del 29-8-97; sala H, r. 173862 del 27-11-95; sala L, c. 049546 del 18-12-95)

V.- La circunstancia alegada por el recurrente relativa a su estado falencial no enerva lo expuesto, no sólo porque de acuerdo a lo señalado a fs. 480 con transcripción de la correspondiente resolución, habría sido rehabilitado por el juez comercial, sino porque el mismo apelante reconoce en su memorial que ” ello no es eximente para justificar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias“, máxime teniendo en cuenta la entidad económica de la cuota aquí cuestionada.

VI.- Por otra parte, constriñe al progenitor que no vive con el beneficiario a redoblar los esfuerzos para cubrir su asistencia, alimentación y educación en vez de tolerar una reducción de los alimentos que lleve a sus hijos al extremo de encontrarse desprovistos en la atención de sus necesidades básicas en virtud de los gastos regulares que su adecuada atención demanda, y la dedicación que a tal fin recae sobre la madre, quien contribuye con sus aportes en especie, inversión de tiempo y múltiples requerimientos cotidianos, todos ellos de significación económica (cf. Bossert, Gustavo A, “Régimen jurídico de los alimentos”, Ed. Astrea, ed. 1993, pág. 185, apartado 203).

Además, resulta inexcusable el deber del padre de proveer lo necesario para el bienestar de sus descendientes y es inaceptable que pretenda soslayar tal obligación aduciendo la exigüidad de sus ingresos, si no la demuestra cabalmente en el marco total de sus recursos.

VII.- Si a las pautas indicadas precedentemente, se suman los factores ponderados por la ” a quo” -esto es, la mayor edad de los alimentados, que a la fecha cuentan con 13 años, conforme surge de las citadas partidas- se concluye que toda vez que en la especie cabe presumir que la cuota alimentaria pactada de común acuerdo era adecuada a la situación de las partes y a sus respectivas necesidades, el pedido de reducción con el que insiste el alimentante en esta alzada requería, entonces, demostrar la posterior disminución real de sus ingresos, el mejoramiento de los recursos de los alimentados o bien, la mengua de sus necesidades. Por ende no cabe estar a la disminución pretendida.

VIII.- En síntesis, a la par que no resulta idónea para rebatir los concretos fundamentos en que se apoya la decisión de grado, la pretensa crítica no alcanza para demostrar sobre la base de los hechos invocados y el material probatorio colectado, la alegada imposibilidad para procurarse los recursos necesarios para hacer frente al pago de la cuota alimentaria a la que se obligó.

Por lo expuesto, se resuelve: I.-Confirmar la resolución de fs.449/450. II.- Costas de alzada al vencido (art. 69 Cod. Proc). III.- Devuélvanse los autos a la instancia de grado encomendándose la realización de las notificaciones pertinentes.- Carlos A. Bellucci.- Beatriz Areán.- Carlos A. Carranza Casares. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala G

Fecha: 12/11/2008

Partes: R., G. A. c. V., L. S. y otros